Egipte discrimina la Comunitat Bahá'i

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Un membre de la comunitat Bahá’í de Ciutadella em ve a veure al despatx per explicar-me el problema que afecta els seus correligionaris d‘Egipte. Es tracta d’una violació més dels drets de l’home, que comporta una clara discriminació per raons religioses.

La violació neix en aquest cas del Tribunal Suprem d’Egipte que ha emès una sentència contrària als drets ciutadans d’un matrimoni que confessava pertànyer a la religió Bahá’í.

Segons la llei del país, en els documents d’identitat egipcis ha de constar la religió, però només s’admeten les tres grans religions monoteistes: la musulmana, la cristiana i la jueva. Doncs bé, en negar-se a confessar que pertanyien a alguna d’aquestes tres religions, l’home i la dona bahá’is s’han vist forçats a no poder renovar el seu carnet d’identitat, la qual cosa els priva de la majoria de drets civils i socials, de l’educació i de l’atenció mèdica.

Més enllà del cas concret, el fet és que aquesta sentència condemna tot un col·lectiu a ser ciutadans de segona o bé a mentir sobre les seves creences més íntimes, i això és una immoralitat.

D’altra banda, com m’explica el meu interlocutor, amb aquesta sentència la Cort Suprema egípcia contradiu els preceptes establerts en el Conveni Internacional de Drets Polítics i Civils, del qual Egipte n’és signatari, d’ací que aquesta resolució de l’alt tribunal hagi de denunciar-se, no només per injusta, ans també per il·legal.

Em temo molt que no podrem fer gaire cosa des d’aquí, però com a mínim voldria que els meus lectors tinguessin coneixement d’aquesta realitat.

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Adjunto la següent informació proporcionada per la Comunitat Bahá’i :

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES DE LOS BAHÁ’ÍS EN EGIPTO

El 16 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo Administrativo de Egipto denegó a un matrimonio, que profesa la religión bahá’í, la posibilidad de obtener sus carnés de identidad por haber hecho constar su religión . En Egipto todos los ciudadanos están obligados a señalar su afiliación religiosa en sus documentos de identidad, y otros documentos similares. De este modo, el alto tribunal confirmaba la política actual del gobierno, que exige optar por una de las tres religiones reconocidas oficialmente, Islam, cristianismo o judaísmo.

El Gobierno de El Cairo ha procurado forzar a los bahá’ís a mentir sobre su creencia religiosa o bien prescindir de sus documentos de identidad; una medida que priva a los creyentes de esta religión del acceso a la mayoría de sus derechos civiles y sociales, desde la educación a la atención médica, y los pone en peligro de ingresar en la cárcel por un periodo de cinco años. Se amenaza así a toda una comunidad religiosa a convertirse en personas indocumentadas o ciudadanos sin derechos, y todo ello sobre la base de sus creencias religiosas.

El Tribunal Supremo respondía así a un recurso presentado por el Gobierno frente a la decisión de una de sala del Tribunal Administrativo, que había reconocido anteriormente el derecho de los afectados, Husam Izzat Musa y Ranya Enayat Rushdy, a hacer constar su religión en sus documentos de identidad . Los tres jueces encargados del caso habían argumentado que:

“Concuerda con los principios islámicos mencionar la religión en este carné a pesar de que sea una religión cuyos ritos no están reconocidos para su abierta práctica, tal como el bahá’ismo [sic] y otros. Por el contrario, éstas [religiones] deben señalarse para que se sepa la condición de su portador y, por consiguiente, que no goza de un estatuto legal, al que su creencia no le da derecho en una sociedad musulmana”

Desde el momento en que se difundió la sentencia del Tribunal Supremo Administrativo, diversas organizaciones egipcias de defensa de los derechos humanos dieron su apoyo a la Comunidad Bahá’í de aquel país en su lucha por reivindicar sus derechos civiles más básicos. De hecho, desde abril de 2006 —cuando comenzó este proceso— han aparecido más de 400 artículos, noticias, comentarios y programas en los medios egipcios y árabes sobre el caso.

Posteriormente, se han unido a las denuncias surgidas desde dentro del propio país las voces de otras organizaciones y defensores de los derechos humanos en otros lugares del mundo. Adjunto a este escrito encontrará una pequeña selección de artículos aparecidos en las últimas semanas en diferentes medios de comunicación.

Es claro que la motivación de esta decisión política, que cuenta ahora también con su correspondiente cobertura judicial, hunde sus raíces en una larga historia de discriminación religiosa. Durante casi cinco decenios los miembros de la Comunidad Bahá’í de Egipto se han visto sometidos por razones de sus creencias a humillaciones de todo tipo, incluyendo el acoso de la vigilancia policial y falsos arrestos.

No obstante, y pese a las graves tergiversaciones que se dan de la Fe bahá’í desde diferentes estamentos de la sociedad egipcia, la cuestión central de este asunto no se sitúa en disquisiciones de tipo teológico, sino en la aplicación de los principios de equidad, justicia y veracidad que resultan fundamentales para los seguidores de todas las religiones y para los que no profesan ninguna, así como en el compromiso de Egipto para con el Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

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