Més sobre el dopatge a l’esport

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Unes hores després d’haver publicat el meu comentari d’ahir en el qual em feia eco de l’actuació policial contra el dopatge dels ciclistes que, al meu entendre, falsificava i prostituïa l’esport, vaig rebre un comentari que deia el següent:

“Mira-ho d’una altra manera, ara l’esport és com la fòrmula 1, que agrada molt a la gent, la victòria no només depèn de l’esforç d’un atleta, sinó que també d’un equip d’enginyers, etc. En el cas del ciclisme, els enginyers són els que fan les bicicletes, però també els metges que milloren els cossos de l’esportista. És impossible lluitar
contra el dopatge, per què no el legalitzem? Si la gent està disposada a morir jove per guanyar premis… (sí és dur, però és així). I, mirant com va el món, pot ser això et decepciona a tu, però la gent que mira el Tour cada any, no té cap pega amb el dopatge, tampoc en tenen els espectadors de la NBA, lliga força permissiva en aquest
aspecte.

Jo no participaré en un joc on la gent està disposada a donar la vida per una medalla, ho trobo immoral, però, ho podem impedir? Tenim el dret a impedir que adults prenguin aquesta mena de decisions? S’ha de criminalitzar l’esport?”

A més, el meu interlocutor m’enviava un article del professor Sala Martín en què, en nom de la seva ideologia liberal “a ultrança”, defensava les pràctiques de dopatge a l’esport. He de dir que no em convenç ni el meu interlocutor ni el professor Sala Martín, però he de reconèixer la seva argumentació és enginyosa. No us la resumiré. Simplement (tot i que això em vagi en contra) us la transcriuré literal:

El Comité Olímpico Internacional intenta vender los juegos bajo el disfraz romántico del espíritu olímpico en que lo importante es participar. Toda una farsa tras la que se esconden unas ansias enfermizas de ganar fama y fortuna mediante las medallas. Ese afán irresistible lleva a algunos a utilizar sustancias químicas prohibidas que mejoran el rendimiento. No hay ni que decir que si el uso de esos productos es ilegal, las autoridades deben perseguirlo. La pregunta, sin embargo, es: ¿por qué están prohibidas?

En su página web, el COI basa su decisión en tres principios. El primero es que el dopaje va contra la “ética del deporte”. Aunque no lo especifica, supongo que la ética consiste en no hacer trampas. El problema es que este argumento es circular: si el dopaje no fuera ilegal, los atletas que lo usan no harían trampas. Igual que si entrenarse fuera ilegal, los atletas que se entrenan serían poco éticos. Obviamente, éste no sería un buen argumento a favor de prohibir los entrenamientos. Tampoco lo es, pues, a favor de prohibir el dopaje.

El segundo principio del COI es que “el dopaje es perjudicial para la salud de los atletas”. Aunque éste es el mejor argumento a favor de la prohibición, tampoco sirve, porque los deportistas (como todas las personas) deberían tener la libertad de meter en su cuerpo lo que más les guste. Es más, el COI no prohíbe otras cosas que son tan o más perjudiciales para la salud, como el exceso de entrenamiento. Todos conocemos atletas de elite que, después de castigar sus cuerpos durante años, sufren taras irremediables (también conocemos ex atletas incapaces de trabajar porque en su día abandonaron los estudios). Recuerdo a esos amigos que, de pequeñitos, se pasaban el día entrenándose en tenis, esquí o fútbol, y que acabaron con ligamentos, articulaciones, musculaturas o incluso psicologías totalmente lesionadas. Los amigos que se quedaban en el bar bebiendo cerveza son, veinte años más tarde, ¡los que gozan de mejor salud! Si el objetivo es velar por la salud de los deportistas, ¿por qué prohíbe el COI el uso de sustancias dopantes y no todos esos excesos igualmente dañinos?

El tercer principio es que se debe “mantener la igualdad de oportunidades para todos los atletas”. Es decir, los atletas que se dopan tienen ventaja sobre los que no lo hacen y, como eso no está bien, el COI lo ilegaliza. El problema es que la prohibición del dopaje y la incapacidad de controlarlo no sólo no soluciona el problema, sino que lo agrava: los países que pueden investigar y descubrir drogas indetectables para los actuales métodos del COI lo hacen. Empieza así una carrera, la carrera tecnológica entre gatos (jueces) y ratones (atletas tramposos), en la que los deportistas de países pobres tienen todas las de perder. La prohibición, pues, agudiza la desigualdad (no la igualdad) de oportunidades. Es más, si bien es cierto que los que usan drogas juegan con ventaja, también juegan con ventaja los que utilizan las últimas tecnologías informáticas para evaluar el rendimiento, los que usan mejores zapatillas, raquetas o bicicletas, o los que entrenan en modernas instalaciones deportivas. Si lo que realmente busca el COI es la igualdad de oportunidades, lo que debería hacer es prohibir también esas otras diferencias tecnológicas relacionadas con la renta de los países de origen de los atletas. De hecho, para organizar unos juegos justos de verdad, el COI tendría que prohibir que los atletas se entrenaran más de dos horas al día y debería obligar a que todos usaran la misma ropa y material, y utilizaran idénticos métodos de preparación. Esas olimpiadas justas podrían ir más allá e incorporar baloncesto para gente de menos de metro setenta (no es cuestión que nos discriminen a los bajitos), carreras para gordos (para dar igualdad de oportunidad a los que tenemos tendencia a comer) y concursos de gimnasia en la que no se permitan ejercicios más complicados que la vertical puente (para que los que carecemos de flexibilidad también tengamos nuestra oportunidad de conquistar la gloria olímpica).

Eso… o aceptar que la simple prohibición del dopaje no protege a quien no quiere ser protegido y no garantiza la igualdad de oportunidades y autorizar el uso de todos los productos que mejoran el rendimiento deportivo, ya sean productos químicos, físicos, electrónicos, informáticos o del tipo que sea. Seguramente acabarán ganando los mismos, pero los récords serán mejores… y en lugar de una hipócrita sensación de castidad olímpica, el show será transparente.
La Vanguardia, 17.08.2004


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